Durante
varios domingos algunos feligreses y los sacerdotes habían observado cómo
varios agentes de la Policía Municipal, vestidos de paisano, escondían un
magnetofón (Philips-cassette) debajo del abrigo o gabardina sujeto al cinto del
pantalón y asomaban un micrófono por la manga en dirección a un altavoz para
grabar las homilías. El lugar era detrás de las últimas columnas. Después de
las misas, se dirigían al Ayuntamiento, mirando para atrás a ver si alguien les
seguía.
El
domingo 11 de marzo de 1973 en la misa de 9 de la mañana, hacia la mitad de la
homilía pronunciada por Angel Garamendi, José Goñi advirtió que un señor estaba
grabando. Lo invitó a pasar a la sacristía, pero él no hizo caso. Resultó ser
el agente municipal Juan Vidal Lamiña, domiciliado en Baracaldo. Invitado a
marcharse, lo hizo. Poco después el mismo sacerdote observó que otro agente
estaba grabando en el otro extremo de la basílica y lo invitó a pasar a la
sacristía, a lo que accedió. Resultó ser Antonio Tabares Rodríguez, domiciliado
en Santurtzi.
Terminada
la misa, al Sr. Tabares se le pidió que borrase la cinta ya que su contenido
pertenecía a la Iglesia y su uso fuera del templo podía ser ilegal y la
responsabilidad no era de los sacerdotes. Contestó que había recibido órdenes
de sus superiores y que no borraba la cinta hasta que ellos se lo mandaran. Reconoció
que los mandaban a ellos todos los domingos porque no eran vecinos de
Portugalete y pasaban más desapercibidos.
Mientras
tanto, el sacristán Manolo Fernández y el médico D. Angel Alday bajaron al
Ayuntamiento para hablar con el jefe de la Policía Municipal Sr. Armendáriz.
Este les dijo que el Sr. Tabares estaba cumpliendo sus órdenes.
Los
curas llamaron al obispo para consultarle sobre la posibilidad de hacer algo.
El obispo contestó que no había impedimento canónico ni legal para grabar en
magnetofón en el templo, que por las buenas le pidieran al agente municipal
borrar la cinta, que, si no aceptaba, firmase un escrito en el que manifestase
las condiciones en las que se llevaba la cinta grabada y, si no aceptaba, que
unos testigos lo declarasen por escrito. El agente no accedió a nada.
Subió
del Ayuntamiento el agente Juan Vidal Lamiña diciendo que el Sr. Tabares bajase
inmediatamente. Los sacerdotes insistieron en que se podía ir, pero que no
estaba claro si tenía que borrar la cinta o no. Vidal llamó al Ayuntamiento
comunicando la situación. Le contestaron que esperase.
Angel
Garamendi y Angel Alday fueron a casa de D. Casimiro Ramón, alcalde en
funciones, para notificarle la situación y razonar el problema de la cinta.
Como no estaba en casa, desde allí le llamaron al Ayuntamiento y les respondió
que inmediatamente iba a dar órdenes a los agentes que estaban en la sacristía.
Después
de media hora de espera, nadie llamó. Desde el Ayuntamiento llamaron muy
nerviosos y sin identificarse: “Subo ahora mismo, que esperen”, “Como no
suelten e los agentes, aténganse a las consecuencias”. Por el timbre de voz,
debía ser el Sr. Lindosa, Se le contestó que los agentes no estaban retenidos y
todos esperaban lo que dijese el alcalde, como había prometido.
A
las 11, 30 llamó José Manuel Esparza, alcalde real, diciendo que saliesen los
agentes con la cinta. Los curas le advirtieron la posibilidad de suprimir el
resto de las misas del domingo notificando al pueblo la situación creada y
quiénes eran los responsables. Respondió Esparza que los agentes estaban bajo
sus órdenes y que en todos los sitios de España estaba permitido grabar con
magnetofón.
Salieron
los agentes y los sacerotes dudaron si celebrar las misas siguientes o no. De
momento la celebraron y llamaron al obispo para consultarle. Al no encontrarlo,
hablaron con el vicario de pastoral José Angel Ubieta, que les recomendó
celebrarla exponiendo al pueblo fiel lo que había pasado.
Tabares
y Vidal dejaron escrito para el jefe de la Policía Municipal que grabaron la
homilía para oírla en su domicilio con su familia y que no habían recibido la
orden de grabar.
El
12 de marzo, lunes, los curas estuvieron con el obispo y se comprometieron a
hacer un informe para que él hiciese el uso oportuno.
Lindosa
escribió al alcalde para informarle de que los agentes deseaban denunciar los
hechos en el Juzgado de Instrucción de Guardia. También le decía que esperaba sus órdenes para instruir
diligencias contra los sacerdotes por el delito de secuestro y coacción,
aconsejado por el secretario municipal.
Hasta
1975, cuando murió José Manuel Esparza y desaparecieron Lindosa y Villán
Castañeda, los curas en todas las misas venían a decir que la comunidad la
componían todos los presentes menos los policías municipales que iban como
chivatos a grabar las homilías para denunciarles. En el Archivo Municipal hay 89
copias mecanografiadas de las grabaciones. El encargado de transcribirlas a
mano era en muchos casos José María Miravalles Uriabarrena, secretario general
del Consejo Local del Movimiento. La mayoría de las copias las firmó Manuel
Fernández Castro como jefe accidental. El alcalde le enviaba semanalmente al
gobernador la copia correspondiente. A pesar de tanto trabajo por parte del
municipio, los curas no consiguieron convertir a ninguno.
Postdata:
El diario Gara de 31 de mayo de 2008, 36 años después, decía con respecto a la
parroquia Santa Maria de Portugalete: “En 1972, guardias municipales llegaron a
acudir con intención de grabar la homilía pistola en mano, lo que generó un
gran revuelo entre los feligreses”. No señalaba en qué fecha, quién les vio, quiénes
eran esos guardias, dónde estaban para las grabaciones, qué pintaban con “pistola
en mano” y en qué consistió el revuelo entre los feligreses.
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