Continuando con la serie dedicada a las incautaciones de bienes durante la posguerra, recuperamos este detallado trabajo firmado por Tasio Munárriz el 10 de enero de 2013, que documenta las vicisitudes del inmueble destinado a cuartel de la Guardia Civil.
Durante muchos años el Ayuntamiento
había cedido a la Guardia Civil la casa de la calle La Cruz 1 para cuartel. En
1934, después de la Revolución, se creó una “Comisión pro-cuartel”, presidida
por el alcalde Enrique Retuerto, que recogió por suscripción fondos para
adquirir una nueva casa ya que la antigua era insuficiente.
Cuando entraron los llamados
nacionales en Portugalete, los guardias civiles se instalaron en el Palacio de
Dueñas (actual Colegio Santa María).
El 29 de julio de 1938 el alcalde
Miguel Loredo informó al pleno municipal que el antiguo cuartel no reunía las
condiciones necesarias de habitabilidad y que, además, estaba ocupado por otras
familias que no eran de la Guardia Civil y que pagaban su alquiler. (A la
izquieda superior la fotografía que tomó José Luis Garaizabal antes de su derribo en los
años 80).
Ya en diciembre de 1937 el
Ayuntamiento se había interesado por la casa de Egusquiza, frente al
Hospital-Asilo, porque se presentó en ella una comisión municipal. El edificio
disponía de diez viviendas y una huerta.
¿Por qué se interesaba el
Ayuntamiento por esta casa? La razón era que Gabino Egusquiza Abad, su
propietario, murió fusilado en Cádiz en 1936 por negarse a cumplir la orden de
los militares sublevados de abrir el Astillero “Echevarrieta y Larrinaga”, del
que era director, hasta recibir la orden del Gobierno republicano al que debía
obediencia. La Junta militar del ejército que ocupó esa provincia le sometió a
un juicio sumarísimo, le condenó a muerte y el Comité de incautaciones de Cádiz
se apropió de todos sus bienes: la casa citada arriba y dos viviendas en Cádiz.
La Comisión pro-Cuartel, de
acuerdo con la Comisión administradora de bienes incautados de Portugalete, en
junio de 1938 ocupó “indebidamente” (en palabras del alcalde) el inmueble y
luego hizo un contrato de arrendamiento con el Comité de Incautaciones de
Cádiz, que figuraba como propietario, para cederlo a la Guardia Civil. Los
inquilinos de las 10 viviendas fueron desalojados, entre ellos la familia de
Pedrón. El 31 de diciembre de 1938 el alcalde Valeriano Martín escribió al
director del Comité de Cádiz una carta manifestándole su deseo de comprar el
edificio.
Ignoro en qué momento y
circunstancias se volvió a considerar a la familia Egusquiza como propietaria
del inmueble porque el 26 de abril de 1941 el Ayuntamiento firmó un contrato de
arrendamiento a los hermanos Gabino y Miguel Egusquiza Garitano por 7.350
pesetas anuales para su uso como cuartel comprometiéndose a arreglar los
desperfectos que se produjeran por culpa de los inquilinos. El Ayuntamiento
reconocía que la Comisión pro-cuartel no había pagado a la familia Egusquiza
las rentas desde junio de 1938 hasta enero de 1941 y que ésta tenía derecho a
reclamarlas, como así lo hizo desde 1945 a 1947. En este último año el alcalde
Miguel Loredo se comprometió a saldar la deuda de 18.987,50 pesetas. Las rentas
anuales las pagaba durante unos años el Ayuntamiento y después la misma Guardia
Civil en una especie de subarriendo que traerá consecuencias.
El 12 de mayo de 1978, ETA hizo
explotar una bomba en el cuartel y los guardias civiles lo abandonaron al día
siguiente porque estaba inhabitable, según el Ayuntamiento. El 27 de junio
Gabino Egusquiza Garitano y su sobrino Gabino Egusquiza Barrenechea escribieron
al alcalde para pedirle que les entregase la finca en virtud de la cláusula
cuarta del contrato de arrendamiento que especificaba que “el arriendo
concluirá en el caso de suprimirse el puesto del Instituto el día que la fuerza
desaloje el edificio”. En efecto, el día 29 la Guardia Civil de Santurtzi
entregó las llaves a la familia Egusquiza.
Pero ahí no terminó el problema.
Los Eguskiza querían que el arreglo de los desperfectos producidos por la bomba
(2.450.000 pesetas, según el arquitecto municipal) lo pagase el Ayuntamiento,
que era el que había firmado el contrato de arrendamiento. Pero el Ayuntamiento
en 1979 se negó a indemnizar porque la que pagaba la renta durante unos años
era la Guardia Civil. Y ésta tampoco quería correr con los gastos de los
desperfectos porque decía que no era el arrendatario y el Gobierno Civil añadía
que los daños se habían producido después de cesar el puesto de Portugalete.
Todo muy lógico: había un arrendador y ningún arrendatario; hubo un solo
atentado pero ocurrió en dos días diferentes, antes y después de que la Guardia
Civil saliese de Portugalete.
Al final los Egusquiza no vieron
una peseta de la indemnización porque, después de tanto papeleo, cuando fueron
a Madrid a reclamar la indemnización, se les había pasado la fecha legal de
reclamación.
