Un expediente municipal de 1925 nos
proporciona una radiografía de quiénes componían la plantilla del Ayuntamiento
de Portugalete hace un siglo. El cuerpo de funcionarios estaba formado por 50
personas, a las que se sumaban los 27 integrantes de la Banda de Música,
dibujando un mapa laboral que reflejaba fielmente la sociedad de la época.
Entre los cargos mejor remunerados de
la villa destacaban el Depositario Municipal, Segundo de Palacio, con 5.500
pesetas anuales y 23 años de servicio, seguido por el joven secretario, Mariano
Ciriquiaín (5.000 ptas.), y el director de la Banda, Luis Fernández (4.500
ptas.). En el ámbito sanitario, el municipio contaba con los médicos José
Zaldúa y Antonio Bergillos Gurruchaga, además del practicante Florentino
Grijalba, quienes garantizaban la asistencia médica del vecindario.
En esta relación de funcionarios de
aquellos años destaca también la presencia de Luis Burgos, que por aquel
entonces contaba con 28 años y había obtenido su plaza tres años antes. Se
trata de una figura relevante en la cultura local, ya que tres años más tarde
se convertiría en el director de la revista El Abra. Lamentablemente, en la
década siguiente se vería desposeído de su cargo como funcionario al no ser de
ideas afines al nuevo régimen surgido de la dictadura.
La música y las tradiciones locales
tenían un peso fundamental en la nómina del Ayuntamiento. Entre los empleados
municipales figuraban tres txistularis, con el veterano Benito Ocariz (52 años)
al frente, acompañado por los jóvenes Luis Vergara y Benjamín Hernández.
Completando esta fuerte presencia musical, resalta la dedicación de Pedro
Lizarraga, el Organista Municipal, quien a sus 66 años acumulaba ya 40 de
servicio ininterrumpido a la villa con una retribución de 1.000 pesetas
anuales.
Esta plantilla combinaba la extrema
juventud de los aprendices de la Banda de Música (algunos con apenas 15 años)
con la incombustible veteranía de empleados como Tomás Escudero, que a sus 75
años y tras 45 de servicio, se resistía a abandonar su puesto. Todo ello en un
periodo histórico clave, coincidiendo con la incipiente implantación de la
Seguridad Social en España y la elaboración del proyecto de Reglamento del
Montepío en Portugalete para regular las jubilaciones de los trabajadores
públicos locales.
