En la Villa existen dos fundaciones benéficas activas desde hace más de un
siglo: la Fundación Santo Hospital de San Juan Bautista y la Fundación Manuel
Calvo. Si bien de la primera —el popular «Hospital Asilo»— se dispone de una
amplia información y memorias anuales, las noticias de la segunda son escasas.
De hecho, ha sido este mismo año cuando se ha presentado en los locales del Hotel
una Memoria correspondiente al periodo de 2005 a 2025.
Constituida en 1904, fue reconocida como Fundación de Beneficencia en 1920
y su fin social era el pago diario de raciones de olla y pan, quedando
su gestión en manos del alcalde, el párroco y un concejal, bajo la obligación
de rendir cuentas al protectorado. Apenas quedan registros de su historia hasta
que en 1993 un incendio destruyó el Hotel, el único patrimonio con cuyas rentas
se cumplía su misión. En 2005 reanudó su actividad adaptándose, según la actual
presidenta y alcaldesa Mª José Blanco, a los nuevos tiempos, centradose en
conceptos como la promoción del liderazgo social, la solidaridad juvenil, la
innovación, el voluntariado, el envejecimiento activo o la integración
intercultural.
Sin embargo, esta aparente modernización contrasta con la realidad social
que recoge estos días la prensa local. Una iniciativa popular ofrece cenas
desde el pasado mes de mayo a personas necesitadas de la Villa. Actualmente
asisten con regularidad unas 30 personas que encuentran allí no solo el
sustento de una necesidad básica, sino un espacio de acogida, escucha y
relación, sin importar su género, nacionalidad o condición. Este movimiento
ciudadano nos devuelve el interés por aquella antigua costumbre caritativa de
las raciones de olla que la Fundación abandonó.
Es precisamente este vacío histórico el que nos hace valorar la aportación
documental que nos envía Mikel Otxoa. Mientras la memoria actual omite por
desconocimiento, la actividad del siglo XX y prescinde de una rendición de
cuentas económica detallada —limitada hoy a la renta que percibe del Puente
Colgante Hotel Boutique—, los datos extraídos por Mikel de la prensa local de
los años 30 revelan un modelo de gestión radicalmente opuesto, basado en la
transparencia y el control público.
El control municipal y el Comedor de los Pobres.
Los recortes de prensa muestran una colaboración institucional entre el
Ayuntamiento republicano y la Fundación, articulada en torno al Comedor de los
Pobres, cuya labor se consideraba un pilar fundamental para mantener la paz
social en los difíciles años 30.
Las autoridades de la República ejercieron una fiscalización constante
sobre el servicio. El 16 de abril de 1931, el mismo día de la constitución de
la nueva corporación local, las autoridades municipales acudieron a
inspeccionar las dependencias del comedor. Asimismo, las reuniones de la Junta
del Comedor se celebraban bajo la presidencia directa del propio alcalde (como
consta en 1932 con Sánchez Vallejo), espacio donde se aprobaban las cuentas e
incluso las solicitudes de plaza de los usuarios.
La Fundación sostenía este comedor social gracias a las rentas de su
patrimonio, integrado en aquel momento por una finca en La Habana y el edificio
del Hotel y Café Portugalete. Lejos del secretismo, la institución
editaba y distribuía públicamente entre el vecindario una memoria anual con un
desglose financiero, lo que acreditaba un procedimiento institucionalizado y
transparente ante la ciudadanía.
Gracias a la memoria de 1933, por ejemplo, sabemos que la finca de La
Habana se encontraba desalquilada, lo que supuso un grave perjuicio económico
que tuvo que ser compensado mediante un donativo particular de 2.150 pesetas de
Don Manuel Otaduy. En cuanto al Hotel, el fallecimiento del arrendatario Felipe
García Manso en 1931 obligó a convocar un concurso público que se adjudicó con
una «notable rebaja» respecto al contrato anterior. Una situación idéntica se
repitió en 1934 tras el deceso del nuevo adjudicatario, forzando otra
licitación para mantener el servicio.
Sanciones hosteleras y el «pan de los pobres».
Más allá de los ingresos patrimoniales, el Ayuntamiento articuló un sistema
de suministro regular para el comedor a través de su labor de inspección y
disciplina de los industriales locales, especialmente de las panaderías. Al
estar el Consistorio implicado directamente en el patronato de la Fundación,
las normativas municipales de abastecimiento y orden público regulaban
estrictamente cada pieza entregada.
El mecanismo de control era estricto: cuando la Guardia Municipal realizaba
el repeso del pan en la Villa y detectaba piezas «faltas de peso» o
«defectuosas», la Alcaldía procedía al decomiso inmediato del producto,
sancionaba al panadero y el pan requisado se entregara al Comedor de los
Pobres.
Bajo este procedimiento, en marzo de 1931 se decomisaron 17 kilos de pan.
En diciembre se detectó que el propio proveedor del comedor (la panadería de la
viuda de Aguirre) servía raciones con falta de peso que sumaban 15 kilos; al
ser reincidente, el pan fue incautado y el alcalde aplicó una sanción
económica. Este rigor se mantuvo en los años siguientes: en mayo de 1935 se
requisaron 50 kilos de pan mermado, distribuidos entre las cantinas escolares y
el comedor de la Fundación; y en febrero de 1936 se intervinieron otros 90
kilos de pan defectuoso con el mismo destino asistencial.
La transparencia de las cifras: El balance de
1933.
La difusión de la memoria anual «entre el vecindario» denotaba un fuerte
vínculo con la ciudadanía y la necesidad de legitimación pública. Los
ejercicios contables de la época no dejaban espacio a la especulación. Si
tomamos como referencia los datos publicados en la Memoria de 1933, podemos
observar la precisión de la gestión:
Raciones
servidas: 15.433 comidas.
Coste por
ración: 0,815 pesetas.
Coste total
del comedor: 13.952,37 pesetas.
Ingresos
totales de la Fundación: 41.327,46 pesetas.
Gastos totales
de la Fundación: 28.656,36 pesetas.
Superávit del
ejercicio: 12.671,10 pesetas.
El análisis de este balance demuestra que, a pesar de los contratiempos
económicos del año (la rebaja del alquiler del hotel y la vacancia de la
propiedad de La Habana), la Fundación cerró el ejercicio en superávit, logrando
ahorrar más de 12.000 pesetas para garantizar el funcionamiento del año
siguiente.
Aquella gestión republicana demostró que la beneficencia requería luz,
taquígrafos y números claros ante el pueblo. Una lección de transparencia
histórica que contrasta inevitablemente con los modelos de balance actuales,
donde la retórica social parece haber sustituido a los libros de cuentas.
