miércoles, 15 de julio de 2026

LA FUNDACIÓN MANUEL CALVO DURANTE LA REPÚBLICA

 

 En la Villa existen dos fundaciones benéficas activas desde hace más de un siglo: la Fundación Santo Hospital de San Juan Bautista y la Fundación Manuel Calvo. Si bien de la primera —el popular «Hospital Asilo»— se dispone de una amplia información y memorias anuales, las noticias de la segunda son escasas. De hecho, ha sido este mismo año cuando se ha presentado en los locales del Hotel una Memoria correspondiente al periodo de 2005 a 2025.

Constituida en 1904, fue reconocida como Fundación de Beneficencia en 1920 y su fin social era el pago diario de raciones de olla y pan, quedando su gestión en manos del alcalde, el párroco y un concejal, bajo la obligación de rendir cuentas al protectorado. Apenas quedan registros de su historia hasta que en 1993 un incendio destruyó el Hotel, el único patrimonio con cuyas rentas se cumplía su misión. En 2005 reanudó su actividad adaptándose, según la actual presidenta y alcaldesa Mª José Blanco, a los nuevos tiempos, centradose en conceptos como la promoción del liderazgo social, la solidaridad juvenil, la innovación, el voluntariado, el envejecimiento activo o la integración intercultural.

Sin embargo, esta aparente modernización contrasta con la realidad social que recoge estos días la prensa local. Una iniciativa popular ofrece cenas desde el pasado mes de mayo a personas necesitadas de la Villa. Actualmente asisten con regularidad unas 30 personas que encuentran allí no solo el sustento de una necesidad básica, sino un espacio de acogida, escucha y relación, sin importar su género, nacionalidad o condición. Este movimiento ciudadano nos devuelve el interés por aquella antigua costumbre caritativa de las raciones de olla que la Fundación abandonó.

Es precisamente este vacío histórico el que nos hace valorar la aportación documental que nos envía Mikel Otxoa. Mientras la memoria actual omite por desconocimiento, la actividad del siglo XX y prescinde de una rendición de cuentas económica detallada —limitada hoy a la renta que percibe del Puente Colgante Hotel Boutique—, los datos extraídos por Mikel de la prensa local de los años 30 revelan un modelo de gestión radicalmente opuesto, basado en la transparencia y el control público.

El control municipal y el Comedor de los Pobres.

Los recortes de prensa muestran una colaboración institucional entre el Ayuntamiento republicano y la Fundación, articulada en torno al Comedor de los Pobres, cuya labor se consideraba un pilar fundamental para mantener la paz social en los difíciles años 30.

Las autoridades de la República ejercieron una fiscalización constante sobre el servicio. El 16 de abril de 1931, el mismo día de la constitución de la nueva corporación local, las autoridades municipales acudieron a inspeccionar las dependencias del comedor. Asimismo, las reuniones de la Junta del Comedor se celebraban bajo la presidencia directa del propio alcalde (como consta en 1932 con Sánchez Vallejo), espacio donde se aprobaban las cuentas e incluso las solicitudes de plaza de los usuarios.

La Fundación sostenía este comedor social gracias a las rentas de su patrimonio, integrado en aquel momento por una finca en La Habana y el edificio del Hotel y Café Portugalete. Lejos del secretismo, la institución editaba y distribuía públicamente entre el vecindario una memoria anual con un desglose financiero, lo que acreditaba un procedimiento institucionalizado y transparente ante la ciudadanía.

Gracias a la memoria de 1933, por ejemplo, sabemos que la finca de La Habana se encontraba desalquilada, lo que supuso un grave perjuicio económico que tuvo que ser compensado mediante un donativo particular de 2.150 pesetas de Don Manuel Otaduy. En cuanto al Hotel, el fallecimiento del arrendatario Felipe García Manso en 1931 obligó a convocar un concurso público que se adjudicó con una «notable rebaja» respecto al contrato anterior. Una situación idéntica se repitió en 1934 tras el deceso del nuevo adjudicatario, forzando otra licitación para mantener el servicio.

Sanciones hosteleras y el «pan de los pobres».

Más allá de los ingresos patrimoniales, el Ayuntamiento articuló un sistema de suministro regular para el comedor a través de su labor de inspección y disciplina de los industriales locales, especialmente de las panaderías. Al estar el Consistorio implicado directamente en el patronato de la Fundación, las normativas municipales de abastecimiento y orden público regulaban estrictamente cada pieza entregada.

El mecanismo de control era estricto: cuando la Guardia Municipal realizaba el repeso del pan en la Villa y detectaba piezas «faltas de peso» o «defectuosas», la Alcaldía procedía al decomiso inmediato del producto, sancionaba al panadero y el pan requisado se entregara al Comedor de los Pobres.

Bajo este procedimiento, en marzo de 1931 se decomisaron 17 kilos de pan. En diciembre se detectó que el propio proveedor del comedor (la panadería de la viuda de Aguirre) servía raciones con falta de peso que sumaban 15 kilos; al ser reincidente, el pan fue incautado y el alcalde aplicó una sanción económica. Este rigor se mantuvo en los años siguientes: en mayo de 1935 se requisaron 50 kilos de pan mermado, distribuidos entre las cantinas escolares y el comedor de la Fundación; y en febrero de 1936 se intervinieron otros 90 kilos de pan defectuoso con el mismo destino asistencial.

La transparencia de las cifras: El balance de 1933.

La difusión de la memoria anual «entre el vecindario» denotaba un fuerte vínculo con la ciudadanía y la necesidad de legitimación pública. Los ejercicios contables de la época no dejaban espacio a la especulación. Si tomamos como referencia los datos publicados en la Memoria de 1933, podemos observar la precisión de la gestión:
Raciones servidas: 15.433 comidas.
Coste por ración: 0,815 pesetas.
Coste total del comedor: 13.952,37 pesetas.
Ingresos totales de la Fundación: 41.327,46 pesetas.
Gastos totales de la Fundación: 28.656,36 pesetas.
Superávit del ejercicio: 12.671,10 pesetas.

El análisis de este balance demuestra que, a pesar de los contratiempos económicos del año (la rebaja del alquiler del hotel y la vacancia de la propiedad de La Habana), la Fundación cerró el ejercicio en superávit, logrando ahorrar más de 12.000 pesetas para garantizar el funcionamiento del año siguiente.

Aquella gestión republicana demostró que la beneficencia requería luz, taquígrafos y números claros ante el pueblo. Una lección de transparencia histórica que contrasta inevitablemente con los modelos de balance actuales, donde la retórica social parece haber sustituido a los libros de cuentas.

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