La historia de Portugalete ofrece episodios donde la ley local y las
órdenes externas han entrado en conflicto. Uno de los casos ocurrió en el
verano de 1795, cuando la persecución de un esclavo huido desde Asturias puso a
prueba la autonomía jurídica del Señorío de Bizkaia.
Lo publicó el periódico EL CORREO
del 15 de febrero, en un artículo de Julio Arrieta en su sección de Tiempo de
historias, titulado La búsqueda irregular del esclavo Alejandro,
anunciando que en aquel suceso el alcalde de Portugalete vulneró “los usos de
este Señorío” al cumplir una requisitoria dictada en Asturias para capturar a
un fugitivo.
Un caso en el que se mezcla nuestra
historia local con un conflicto de derecho foral y el contexto social de la
esclavitud en el siglo XVIII, en un momento complicado en que Bizkaia se
recuperaba de la entrada y ocupación de las tropas francesas. Suponemos que el
esclavo pasaría por el Señorío tratando de llegar a Francia.
Según se dice en la documentación
conservada en el Archivo Histórico de Bizkaia era un
hombre negro, propiedad de doña Antonia de Mier, viuda de don Pedro de Barrio y
Noriega, «capitán del Regimiento Provincial de Milicias del Principado de
Asturias», que había sido gobernador de Texas y que todo comenzó el 19 de agosto de 1795 en Llanes donde se
escapó de la cárcel tras apenas dos semanas de reclusión.
Se le acusaba
de "excesos de incontinencia en el vicio de la lujuria", un cargo
común en la época para reprimir conductas sociales. El juez de Llanes emitió
una Carta Requisitoria dirigida a todas las justicias del reino. El mandato era
claro: capturar al fugitivo y trasladarlo de jurisdicción en jurisdicción hasta
devolverlo a Asturias.
La requisitoria viajó más lenta que el propio Alejandro. El documento pasó
por los juzgados de San Vicente de la Barquera, Comillas, Santander, Guriezo y
Castro Urdiales. Finalmente, el 6 de octubre de 1795, le llegó al alcalde de
Portugalete, Juan Bautista de Echeandía, quien procedió a ejecutarla de
inmediato, y como “alcalde y juez hordinario
della y su jurisdicción (...) digo que se guarde y cumpla y execute la
requisitoria que hace cabeza a las precedentes dilixencias”. Como los alguaciles de Portugalete tampoco encontraron
a Alejandro, el alcalde ordenó remitir el mandamiento «a la justicia
inmediata de la villa en Bilbao».
Sin embargo, al actuar de forma automática, Echeandía cometió una falta
grave contra la normativa local al ejecutar una orden judicial externa sin
consultar previamente si esta vulneraba el Fuero de Bizkaia, por lo que
intervino la Diputación. Finalmente, esta acabó concluyendo que, si bien la
búsqueda de Alejandro no atentaba contra los fueros o costumbres del Señorío,
el alcalde de Portugalete debía dar "la debida satisfacción" por
haber actuado sin el pase previo.
Este episodio no solo nos ilustra sobre la realidad de la esclavitud en la
España del siglo XVIII, sino que reafirma la celosa defensa que las
instituciones vizcaínas hacían de su soberanía jurídica frente a
mandatos externos, incluso en casos de persecución criminal.
A lo largo de este
blog hemos dejado amplia referencia de la relación de Los portugalujos
en la historia del tráfico de esclavos, y en
concreto recordaremos vecinos que vivían en la Villa con sus esclavos,
empezando allá por el siglo XVI el capitán Peruchete de Salazar, que se hacía
acompañar de “sus negros” Diego y Antón. En 1614, Gonzalo de Uría tenía un esclavo negro, llamado Juan, “de edad de diez años, poca frente y hundida”, y en 1624 en la relación de bautizados
de la parroquia encontramos que “fue bautizado Antonio, a quien se le pone
por apellido Moreno (por su color), que es un esclavo del general Martin de
Vallecilla”.
Ya en 1734 vemos que Simón
de Lezama tenía un esclavo negro llamado Diego Cayetano “negro de nación, color atezado, buen cuerpo, de edad de veinte y un años,
esclavo suyo propio, como parece de la escritura de su venta que exhibo....”
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