miércoles, 16 de enero de 2013

INCAUTACION DE BIENES EN LA POSGUERRA: LA CASA DE EGUSQUIZA PARA CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL (2)



 Seguimos con la serie de artículos sobre las incautaciones en la posguerra, que nos ha enviado Tasio Munárriz, a quien una reciente operación le tiene retirado de su actividad diaria. Le deseamos una pronta recuperación y como muestra del interés de sus aportaciones podemos decir que su articulo del jueves pasado recibió ese día, 532 entradas correspondientes a 388 personas distintas.

Durante muchos años el Ayuntamiento había cedido a la Guardia Civil la casa de la calle La Cruz 1 para cuartel. En 1934, después de la Revolución, se creó una “Comisión pro-cuartel”, presidida por el alcalde Enrique Retuerto, que recogió por suscripción fondos para adquirir una nueva casa ya que la antigua era insuficiente.
Cuando entraron los llamados nacionales en Portugalete, los guardias civiles se instalaron en el Palacio de Dueñas (actual Colegio Santa María).
El 29 de julio de 1938 el alcalde Miguel Loredo informó al pleno municipal que el antiguo cuartel no reunía las condiciones necesarias de habitabilidad y que, además, estaba ocupado por otras familias que no eran de la Guardia Civil y que pagaban su alquiler. (A la derecha la fotografía que tomó José Luis Garaizabal antes de su derribo en los años 80).
Ya en diciembre de 1937 el Ayuntamiento se había interesado por la casa de Egusquiza, frente al Hospital-Asilo, porque se presentó en ella una comisión municipal. El edificio disponía de diez viviendas y una huerta.
¿Por qué se interesaba el Ayuntamiento por esta casa? La razón era que Gabino Egusquiza Abad, su propietario, murió fusilado en Cádiz en 1936 por negarse a cumplir la orden de los militares sublevados de abrir el Astillero “Echevarrieta y Larrinaga”, del que era director, hasta recibir la orden del Gobierno republicano al que debía obediencia. La Junta militar del ejército que ocupó esa provincia le sometió a un juicio sumarísimo, le condenó a muerte y el Comité de incautaciones de Cádiz se apropió de todos sus bienes: la casa citada arriba y dos viviendas en Cádiz.
La Comisión pro-Cuartel, de acuerdo con la Comisión administradora de bienes incautados de Portugalete, en junio de 1938 ocupó “indebidamente” (en palabras del alcalde) el inmueble y luego hizo un contrato de arrendamiento con el Comité de Incautaciones de Cádiz, que figuraba como propietario, para cederlo a la Guardia Civil. Los inquilinos de las 10 viviendas fueron desalojados, entre ellos la familia de Pedrón. El 31 de diciembre de 1938 el alcalde Valeriano Martín escribió al director del Comité de Cádiz una carta manifestándole su deseo de comprar el edificio.
Ignoro en qué momento y circunstancias se volvió a considerar a la familia Egusquiza como propietaria del inmueble porque el 26 de abril de 1941 el Ayuntamiento firmó un contrato de arrendamiento a los hermanos Gabino y Miguel Egusquiza Garitano por 7.350 pesetas anuales para su uso como cuartel comprometiéndose a arreglar los desperfectos que se produjeran por culpa de los inquilinos. El Ayuntamiento reconocía que la Comisión pro-cuartel no había pagado a la familia Egusquiza las rentas desde junio de 1938 hasta enero de 1941 y que ésta tenía derecho a reclamarlas, como así lo hizo desde 1945 a 1947. En este último año el alcalde Miguel Loredo se comprometió a saldar la deuda de 18.987,50 pesetas. Las rentas anuales las pagaba durante unos años el Ayuntamiento y después la misma Guardia Civil en una especie de subarriendo que traerá consecuencias.
El 12 de mayo de 1978, ETA hizo explotar una bomba en el cuartel y los guardias civiles lo abandonaron al día siguiente porque estaba inhabitable, según el Ayuntamiento. El 27 de junio Gabino Egusquiza Garitano y su sobrino Gabino Egusquiza Barrenechea escribieron al alcalde para pedirle que les entregase la finca en virtud de la cláusula cuarta del contrato de arrendamiento que especificaba que “el arriendo concluirá en el caso de suprimirse el puesto del Instituto el día que la fuerza desaloje el edificio”. En efecto, el día 29 la Guardia Civil de Santurtzi entregó las llaves a la familia Egusquiza.
Pero ahí no terminó el problema. Los Eguskiza querían que el arreglo de los desperfectos producidos por la bomba (2.450.000 pesetas, según el arquitecto municipal) lo pagase el Ayuntamiento, que era el que había firmado el contrato de arrendamiento. Pero el Ayuntamiento en 1979 se negó a indemnizar porque la que pagaba la renta durante unos años era la Guardia Civil. Y ésta tampoco quería correr con los gastos de los desperfectos porque decía que no era el arrendatario y el Gobierno Civil añadía que los daños se habían producido después de cesar el puesto de Portugalete. Todo muy lógico: había un arrendador y ningún arrendatario; hubo un solo atentado pero ocurrió en dos días diferentes, antes y después de que la Guardia Civil saliese de Portugalete.
Al final los Egusquiza no vieron una peseta de la indemnización porque, después de tanto papeleo, cuando fueron a Madrid a reclamar la indemnización, se les había pasado la fecha legal de reclamación.

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