Siguiendo con la entrada anterior, Tasio Munárriz, no relata el final de
la historia:
El 15 de junio de 1970 un constructor vecino de Bilbao,
Feliciano Díez Caro, denunció al ayuntamiento portugalujo ante el Juzgado de
Instrucción de Guardia.
El contenido integro de la denuncia fue leído el 3 de
julio de 1970 en la sesión extraordinaria del ayuntamiento y según consta en
los archivos municipales, el constructor acusaba de los delitos contenidos en
los siguientes hechos:
.-El
ayuntamiento permitió a esta empresa (la
inmobiliaria Ondarreta S.A.) la construcción de 96 viviendas de lujo.
Según el denunciante, resultaba del dominio público que, a cambio del permiso
de obra, el constructor tuvo que regalar 10 pisos y garajes. Parte de estos
pisos se vendieron y el dinero se lo repartieron el alcalde y algunos
concejales y funcionarios. Datos comprobados: el alcalde, dos concejales y la
familia de otro concejal se quedaron con un piso y un garaje cada uno por valor
de 1.500.000 pesetas.
.- Este delito
no era único, sino que en Portugalete varias constructoras los habían padecido.
El mismo denunciante quiso construir y le exigieron que, si daba todas las
lonjas, se le permitían más alturas que las necesarias. Al negarse al soborno,
el Ayuntamiento le negó la licencia de obras. Citó otros abusos y corruptelas.
Tras la citada sesión extraordinaria del Ayuntamiento
donde se leyó esta denuncia completa, la corporación decidió denunciar a
Feliciano Díez por injurias.
El 23 de octubre hubo otra sesión extraordinaria con
el salón abarrotado de público y asistencia de la prensa. El alcalde alabó sus
trabajos en bien del pueblo desde que fue nombrado alcalde, afirmó que las
licencias de obra se ajustaban a los servicios de Arquitectura y Urbanismo del
Ayuntamiento, negó haber recibido compensaciones económicas, como afirmaba el
“víbora” denunciante. Este, que estaba presente, pegó unos gritos y fue sacado
por los agentes de la Policía.
El asesor jurídico, Sr. Esteban, añadió que Feliciano
Díez estaba procesado por las injurias proferidas al ayuntamiento y que en uno
de los sumarios había pasado a examen médico psiquiátrico. Los juicios no se
pudieron celebrar por ausencia de acusado, imposible su localización.
Añadió el alcalde, José Manuel Esparza, que, en cuanto
a entusiasmo, rectitud, alteza de miras y logro alcanzado, este Ayuntamiento puede,
no solo considerarse entre los mejores de Vizcaya, sino de España y hasta del
Mundo.
En marzo de 1971 la corporación dio cuenta de la
condena de Díez Caro por la Audiencia Provincial en la querella interpuesta por
el ayuntamiento por los delitos de desacato e injurias.
