Según se nos explica en la MEMORIA que esta Institución hace pública todos los años para que con la mayor trasparencia posible el pueblo portugalujo esté debidamente informado de su gestión, que en los últimos años ya se venía vislumbrando un futuro incierto, amenazado por la situación económica y que les había llevado a empezar a afrontar un nuevo modelo organizativo.
La Junta de Caridad está formada por Julia Egaña, Presidente, Javier Gárate, Vicepresidente, José Ramón Gorostiza, secretario, Gurutz Iza, tesorero y nueve vocales.
La situación financiera en este ejercicio de 2019 ha seguido la tendencia de los anteriores, en que los ingresos no llegan para cubrir los gastos de su funcionamiento, con lo que los déficit, cada año superiores, están reduciendo considerablemente el patrimonio de la Institución. Además el importante golpe económico que ha supuesto la pandemia acaba de complicar el panorama.
Los miembros de la Junta conscientes de esta difícil situación empezaron en este ejercicio a tomar algunas decisiones, cuyos resultados no resolverán los resultados económicos a corto plazo, dado que, como debemos seguir recordando, lo que se les cobra a los residentes es del orden de la mitad de su costo, teniendo que recurrir para cubrir el resto, a los rendimientos del patrimonio financiero, cuya caída en los últimos años es de sobra conocida, al igual que el de los arrendamientos de los inmuebles que cada vez exigen una inversión mayor en su mantenimiento dado la antigüedad de los mismos, estando algunos sin alquilar cada vez con mas frecuencia.
El anuncio de la intención de finalizar su labor las religiosas que atendían la residencia, ha obligado a los miembros de la Junta a tener que tomar urgentemente decisiones tendentes a afrontar el panorama.
Sin prejuzgar las decisiones que vayan a tomar, es evidente que son varios los aspectos a contemplar, teniendo presente siempre que el bienestar de los residentes, la atención que han estado recibiendo por las religiosas Siervas de María y el espíritu que ha dirigido las actuaciones de esta Institución benéfica hasta ahora se deben no solo mantener, sino aprovechar para actualizándolos mejorarlos.
Si contamos con que el personal que atiende a los residentes está imbuido del tradicional espíritu de servicio, estamos convencidos de que este no desaparecerá sino que se hará un esfuerzo para que sea mayor si cabe. Lo que si obliga la desaparición de las monjas es a contratar a nuevo personal que cubra las tareas que hasta ahora gestionaban estas, lo cual supondrá un considerable aumento en los gastos, y exigirá un esfuerzo de reorganizar de una manera más moderna y eficaz el servicio que presta y que no dudamos que a largo plazo será beneficioso. En este aspecto se ha solicitado la ayuda de una empresa especializada que conociendo el espíritu y condicionamientos que existen, ayudara a llevar a buen puerto el proceso de transición que no dudamos que será un éxito, ya que contamos con una gran disposición de las religiosas, que aunque dijimos que quisieran marchar a primeros de año desean completar sin prisas la transición de la manera más eficaz posible para poner un broche de oro a su centenaria presencia.
Hacemos desde aquí un llamamiento a las instituciones públicas, que hasta ahora no la han prestado ninguna ayuda económica, bajo la consideración de que es un “negocio privado” y que incluso la penalizan con muchas de sus actuaciones como cuando están ayudando a personas desprotegidas y al ingresar en nuestra residencia le retiran la ayuda obligando a nuestra Institución a hacerse cargo de ella.
O simplemente porque se da prioridad a la hora de su ingreso a nuestras vecinas y vecinos en lugar de a otras de diferentes localidades de la provincia, cuando el compartir su estancia con personas a las que conocen por haber sido vecinas o por tener las mismas vivencias y recuerdos, es un valor añadido a tener en cuenta, sin contar la comodidad que supone para las que se valen por si solas el poder a pasear por sus calles o por la facilidad de sus allegados para visitarles asiduamente.
Por su parte creemos pues es vox populi, que se debe modificar la clausula de entrada de los residentes que les permite pagar solo el 80% de su pensión, al margen del patrimonio de que dispongan, cuando muchos disponen de además de la vivienda habitual, segundas residencias u otros bienes. Esa situación bastante habitual de no tocar el patrimonio que van a dejar a sus herederos, disminuyendo el de la Institución que les está cuidando en sus últimos años creemos que se debe revisar.
Ahora que la Villa jarrillera empieza a preparar los actos conmemorativos de su 700 aniversario, hacemos un llamamiento desde aquí para que se involucre en ayudar a esta centenaria institución genuinamente portugaluja, y no permita que pueda desaparecer.
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