INCAUTACION DE BIENES EN LA POSGUERRA: A PARTICULARES (3)

Finalizamos hoy el tercer artículo que nos envió Tasio Munárriz antes de su ingreso hospitalario. Deseamos de corazón su pronta recuperación, junto con sus muchos amigos que se preocupan por él, y esperamos que pronto podamos seguir contando con sus colaboraciones.

Dice así:

El protocolo de incautación de bienes era el siguiente:

1.-Ante la sospecha o delación contra una persona presunta responsable de actividades antipatrióticas, la Comisión provincial (Ibáñez de Bilbao 22) o de zona (Avda. de Neguri 5) nombraba un instructor que podía ser un oficial del Ejército o el comandante de la Guardia civil de la Villa o el juez municipal.

2.- El instructor pedía al Ayuntamiento la relación de bienes de los que era propietario el encausado. En muchos casos el Ayuntamiento respondía con una fórmula tópica que “no tiene bienes amilariados a su nombre en este municipio, ni ejerce industria lucrativa, por cuya razón no satisface contribución ninguna en las arcas municipales”. La mayoría de la población vivía de alquiler y era salariada. El instructor convocaba al expedientado para que alegara personalmente o por escrito en el término de ocho días los hechos y pruebas de descargo que estimase procedentes. No había presunción de inocencia sino que el acusado tenía que defenderse.

3.- La Comisión provincial decretaba el embargo o no de los bienes. En Portugalete fueron embargados 132 vecinos.

4.- Si el expedientado había sido condenado por la Jurisdicción militar, se eliminaba todo este protocolo y se le embargaban los bienes sin más. 

A los que no tenían bienes inmuebles se les incautaba los enseres domésticos como en el caso del exalcalde Cándido Busteros. 

La Junta local colaboradora de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de Vizcaya, con sede en la “Casa de España”, se dedicó a inventariar, recoger todos los muebles, enseres y objetos de los domicilios y establecimientos abandonados por los evacuados y trasladarlos al almacén de Santo Tomás (probablemente las casas anexas a la capilla de los PP. agustinos Santo Tomás de Villanueva) y al Instituto (actual Colegio Santa María). Cada objeto tenía una etiqueta con el nombre del propietario. En el almacén de Santo Tomás había 50 lotes y en el Instituto 35. Muchos de estos objetos luego se trasladaron en depósito a los hospitales militares del Hospital-Asilo y de San Juan de Dios, a Intendencia militar, a Auxilio Social, al colegio del Carmen y a casas particulares de personas adictas al Régimen o de familiares de los ausentes. 

Los evacuados que no volvieron se quedaron sin nada. A algunos de los que volvieron y reclamaron lo suyo les devolvieron sus objetos y a otros no, dependiendo de sus antecedentes. Las personas que retiraron parte de sus objetos en los almacenes de recuperación fueron 66. Retiraron lo que quedaba porque el jefe de la Comisión de Recuperación Civil pidió al alcalde más vigilancia ya que los rateros habían robado en el almacén del Instituto.